Progen reconoce en EE. UU. que los generadores entregados a Celec eran usados y posteriormente reacondicionados

La empresa estadounidense Progen Industries modificó su postura dentro del proceso judicial que mantiene con Celec en Estados Unidos y reconoció que los equipos entregados para los proyectos termoeléctricos de Quevedo y Salitral fueron adquiridos usados antes de ser restaurados y mejorados.

La admisión consta en una nueva contrademanda presentada ante la Corte del Distrito Medio de Florida, donde la compañía dejó de referirse a los equipos como generadores fabricados por ella y pasó a describirlos como motores reacondicionados en sus instalaciones antes de ser enviados a Ecuador.

Según la documentación presentada, Progen compró los generadores a otra empresa estadounidense, realizó trabajos de restauración, mejoras técnicas y pintura, y posteriormente los entregó a Celec. Sin embargo, la firma sostiene que los equipos cumplían con la condición de “cero horas”, argumentando que este término no necesariamente implica que sean nuevos de fábrica, sino que pueden haber sido reconstruidos o reacondicionados con el contador de horas reiniciado.

La compañía también asegura que Celec conocía previamente que los equipos no eran completamente nuevos. Según Progen, esta información habría sido expuesta durante visitas realizadas por funcionarios ecuatorianos a sus instalaciones en Estados Unidos antes de la adjudicación de los contratos.

El cambio de versión surge luego de que Celec incorporara nueva información a la demanda, incluyendo documentos que evidenciarían la compra de los generadores usados a través de otra empresa estadounidense.

Además del debate sobre el origen de los equipos, la disputa judicial también aborda el destino de los recursos transferidos en el marco de los contratos. Progen sostiene que, una vez recibido el dinero por los servicios prestados, tenía plena facultad para utilizar esos fondos en pagos a proveedores y subcontratistas, rechazando los cuestionamientos planteados por la empresa estatal ecuatoriana.

El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con los contratos firmados durante la crisis energética y que actualmente son analizados tanto en Ecuador como en Estados Unidos.

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