Fiscalía revela presunto complot detrás del asesinato del gerente financiero de la UDLA

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de la Universidad de las Américas (UDLA), habría sido el resultado de un plan organizado desde el interior de la institución y motivado por auditorías financieras que la víctima impulsaba.

De acuerdo con la investigación, seis personas fueron procesadas por el crimen: cinco adultos y un adolescente de 17 años, señalado como el presunto autor material del ataque. Entre los principales sospechosos figura el director de Operaciones de la universidad, quien habría coordinado el homicidio junto a varios colaboradores de su área.

La Fiscalía sostiene que las auditorías realizadas por Ávalos buscaban detectar presuntas irregularidades en procesos de contratación y órdenes de compra, lo que habría generado conflictos con algunos funcionarios investigados.

Como parte de las diligencias, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la universidad y detectaron que, en los días previos al crimen, varios empleados realizaron seguimientos al vehículo de la víctima e incluso tomaron fotografías de sus movimientos dentro del campus.

El día del asesinato, ocurrido el 11 de junio, un adolescente y una mujer llegaron en un vehículo solicitado por aplicación hasta las inmediaciones de la universidad. Minutos después, el joven habría abordado una motocicleta para seguir a Ávalos cuando salió de su jornada laboral.

El ataque se produjo en la avenida Oswaldo Guayasamín, donde la víctima fue interceptada y recibió varios disparos mientras conducía. Su vehículo terminó estrellándose contra un poste debido a la gravedad de las heridas.

Tras varios allanamientos ejecutados el 9 de julio, la Fiscalía formuló cargos por asesinato. Un juez dictó prisión preventiva para tres de los procesados, mientras que otros dos deberán presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y no podrán salir del país. El adolescente permanece con internamiento preventivo, mientras la instrucción fiscal continuará durante 90 días para esclarecer la participación de cada implicado.

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