La Fiscalía General del Estado ejecutó varios allanamientos la mañana del 5 de mayo de 2026 en la provincia de Pichincha, como parte de una investigación por el presunto delito de concusión.
De acuerdo con información preliminar, las intervenciones incluyeron al menos nueve viviendas y una institución pública, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento.
Como resultado del operativo, siete personas fueron detenidas con fines investigativos. Además, las autoridades incautaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento.
Las imágenes difundidas por la Fiscalía muestran a agentes revisando numerosos archivos dentro de la entidad intervenida, lo que evidenciaría la recopilación de pruebas para el proceso.
El delito de concusión se configura cuando un funcionario público utiliza su cargo para exigir pagos o contribuciones indebidas en beneficio propio o de terceros. En Ecuador, esta infracción puede ser sancionada con penas de entre tres y cinco años de prisión, así como la destitución del cargo.