La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles 29 de julio la captura del expresidente Evo Morales, quien es investigado por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio.
La disposición, emitida por el fiscal Brayan Melgar, también incluye acusaciones por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos.
Las movilizaciones, que se extendieron durante siete semanas, incluyeron bloqueos de vías principalmente en el occidente y centro de Bolivia. Según las autoridades, estas acciones provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron al menos 16 personas fallecidas y generaron pérdidas económicas superiores a los USD 3.000 millones.
La denuncia fue presentada por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el Ministerio de Gobierno. En el proceso también están involucrados otros líderes sindicales y campesinos vinculados a las protestas.
Por su parte, Morales rechazó las acusaciones y aseguró que las movilizaciones buscaban exigir respuestas del Gobierno a las demandas sociales, negando haber impulsado la salida del presidente Rodrigo Paz.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde es resguardado por sus seguidores para evitar el cumplimiento de otra orden de captura relacionada con un proceso por presunta trata agravada de personas.