A pesar de que la actividad minera fue suspendida en la provincia de Napo desde el 2 de febrero de 2026, organizaciones ambientalistas denuncian que esta práctica se habría reanudado en varias zonas del territorio amazónico.
Según los colectivos, se han detectado operaciones mineras en al menos diez comunidades, entre ellas Talag, Pioculi, Nueva Jerusalén, El Ceibo, Atahualpa, Sindy, Latas, Huambuno, Río Blanco y Misahuallí. En estos sectores se habría observado el uso de maquinaria pesada y el traslado de combustible, lo que evidenciaría la reactivación de actividades extractivas.
Además, los denunciantes aseguran que algunas concesiones que ya operaban antes de la prohibición habrían retomado sus labores, pese a las restricciones vigentes. La medida de suspensión, emitida por el Ministerio de Ambiente, se aplica especialmente a concesiones cercanas a la cuenca del río Napo.
En esta provincia existen decenas de concesiones mineras, tanto de empresas privadas como de entidades públicas, lo que complica el control de la actividad. Autoridades han reconocido previamente dificultades para intervenir en ciertas zonas, debido a la presencia de grupos armados vinculados a la minería ilegal.
Napo es considerada una de las regiones más afectadas por la minería ilegal en el país. En 2025 se registraron decenas de denuncias por esta actividad, y organismos de control la mantienen dentro de las provincias con mayor incidencia de este problema.