La Corte Constitucional rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el asambleísta correísta Luis Fernando Molina contra la reforma al reglamento del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado.
La objeción de Revolución Ciudadana cuestionaba que el reglamento permitiera participar a abogados que hayan ejercido la defensa de personas vinculadas a casos de narcotráfico y crimen organizado, al considerar que eso no garantizaba suficientes filtros éticos para el proceso de selección.
No obstante, la Corte determinó que haber actuado como defensor técnico en este tipo de procesos no implica, por sí mismo, una falta de probidad o integridad profesional.
En la sentencia 29-26-IN, el organismo señaló que ejercer la defensa legal de personas procesadas, incluso por delitos graves, no representa automáticamente un impedimento ético para aspirar al cargo de fiscal general.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también difundió la decisión y recordó que la reforma al reglamento fue aprobada antes del inicio oficial del concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía.