Este lunes 4 de mayo de 2026 vence el plazo establecido por la Corte Constitucional para que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado entregue de forma íntegra la información desclasificada sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio.
El organismo constitucional reiteró que, según la sentencia emitida en abril de 2024, el Cosepe debía proporcionar exactamente la misma documentación tanto a la Corte como a los familiares de las víctimas, además de informar si existían partes excluidas. Sin embargo, se detectaron inconsistencias en lo entregado.
De acuerdo con el colectivo Nos Faltan 3, existen diferencias y posibles omisiones en documentos relevantes, como actas, cronologías y registros de decisiones tomadas durante el secuestro. Ante esto, la Corte otorgó un plazo adicional de 10 días —que finaliza hoy— para que se entregue toda la información completa.
Asimismo, se dispuso que el Cosepe convoque a una reunión directa con los familiares y ponga a su disposición la totalidad de los documentos, incluidas las actas 18, 19 y 20 correspondientes al año 2018.
Aunque en mayo de 2024 las familias recibieron parte de la información desclasificada —incluyendo decenas de páginas y material digital sobre sesiones del Cosepe—, tras su revisión denunciaron que los documentos estaban incompletos, con cortes en el contenido y ausencia de páginas.
El caso se remonta al 26 de marzo de 2018, cuando los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en la zona fronteriza de Mataje mientras realizaban una cobertura. Días después, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó su asesinato en territorio colombiano.