La denuncia presentada por el Gobierno sobre un presunto uso irregular de las cámaras de vigilancia de Segura EP ha abierto investigaciones tanto en la Fiscalía como en la Asamblea Nacional. El caso gira en torno a una supuesta estructura que habría utilizado recursos tecnológicos destinados a la seguridad ciudadana para actividades ajenas a sus funciones.
1. Las denominadas “salas espejo”
Según la versión del Ejecutivo, existirían centros de monitoreo paralelos conocidos como “salas espejo”, desde donde se habría replicado la señal de las cámaras de videovigilancia para realizar seguimientos y acceder a información fuera de los fines de seguridad pública. El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que hay indicios de un posible uso discrecional de recursos estatales.
2. El audio que reactivó la polémica
Las autoridades también mencionan un audio atribuido al expresidente Rafael Correa y al exoficial de Policía Rodney Rengel. La grabación estaría relacionada con el denominado “caso Porsche”, una investigación vinculada a una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil. El Gobierno busca determinar si se utilizaron sistemas de vigilancia o información obtenida de las cámaras para realizar pesquisas paralelas a las oficiales.
3. Los presuntos delitos bajo investigación
La denuncia presentada ante la Fiscalía plantea la posible existencia de tres infracciones: peculado, por el eventual uso indebido de infraestructura pública; utilización indebida de información, por el acceso a datos sensibles relacionados con la seguridad; e intimidación, por supuestos seguimientos a personas específicas. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, indicó que las investigaciones permitirán establecer quiénes participaron en estas actividades y quién autorizó el acceso a los sistemas.
4. La fiscalización en la Asamblea
El caso también es analizado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que inició un proceso de fiscalización para revisar el manejo y los protocolos de acceso a las cámaras administradas por Segura EP. En las primeras comparecencias participaron el ministro Reimberg y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. El Legislativo anunció que continuará recibiendo testimonios y documentación para elaborar un informe sobre los hechos investigados.
Mientras avanzan las indagaciones, Rafael Correa ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.