La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional dio inicio este martes 23 de junio de 2026 al proceso de fiscalización del caso Segura EP, relacionado con presuntas irregularidades en el uso de las cámaras de videovigilancia administradas por la entidad municipal de Guayaquil.
Como parte de las investigaciones, comparecieron ante la mesa legislativa el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, quienes fueron convocados para aportar información sobre las denuncias que apuntan a un posible uso indebido de los sistemas de monitoreo.
La indagación busca esclarecer si las cámaras fueron utilizadas de manera irregular y determinar si estas acciones comprometieron la seguridad ciudadana o el manejo de información estratégica. Los legisladores analizarán además las posibles responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.
Dentro del proceso de control político, la comisión pretende recopilar información que permita establecer cómo ocurrieron las presuntas anomalías y evaluar si existieron faltas administrativas o de otra índole vinculadas al funcionamiento del sistema de vigilancia.
Los asambleístas también examinan si el supuesto mal uso de las cámaras afectó las labores de prevención, seguimiento y respuesta frente a actividades delictivas, en un contexto donde cobra relevancia la protección de datos sensibles para las operaciones de seguridad.
Por su parte, el legislador independiente Sergio Peña informó que el Pleno de la Asamblea aprobó la creación de una comisión especial para investigar el caso. Según explicó, el objetivo es reunir pruebas y elementos jurídicos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de posibles responsabilidades. Además, advirtió que cualquier irregularidad relacionada con sistemas de videovigilancia constituye un asunto de interés público por su impacto en la seguridad y la lucha contra la delincuencia.