Alias “Javi”, identificado como hermano de alias “Fito”, líder de la organización criminal Los Choneros, fue capturado en Colombia y será sometido a un proceso de extradición hacia Ecuador, según informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 17 de junio de 2026.
La detención se produjo la noche del martes 16 de junio como resultado de un operativo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador, las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades colombianas. La acción formó parte de las investigaciones que las autoridades ecuatorianas mantienen contra estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional.
De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, alias “Javi” es investigado por su presunta participación en actividades relacionadas con el manejo, ocultamiento y movilización de recursos obtenidos de operaciones ilícitas. Por estos hechos era requerido por la justicia ecuatoriana por los delitos de lavado de activos y delincuencia organizada.
Las autoridades también confirmaron que sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol, mecanismo utilizado para localizar y detener provisionalmente a personas buscadas por la justicia en distintos países. Según Reimberg, la localización y captura fueron posibles gracias al intercambio de información entre organismos de seguridad de Ecuador y Colombia.
El funcionario señaló además que alias “Javi” habría utilizado documentos de identidad falsificados para ingresar y permanecer en territorio colombiano, estrategia que le permitió evadir a las autoridades y ocultar su ubicación durante varios meses. La búsqueda se intensificó desde la recaptura de alias “Fito” en 2025, cuando los organismos de inteligencia ampliaron las investigaciones sobre su círculo familiar y financiero.
Tras su arresto, las autoridades iniciarán los trámites judiciales y diplomáticos necesarios para concretar su extradición o traslado a Ecuador, donde deberá responder ante la justicia por los procesos que mantiene en su contra.
La captura de alias “Javi” es considerada por el Gobierno ecuatoriano como un nuevo golpe a las estructuras de apoyo financiero y logístico vinculadas al crimen organizado, en medio de los esfuerzos para desarticular las redes asociadas a Los Choneros y otros grupos delictivos que operan dentro y fuera del país.