Las organizaciones políticas nacionales comenzaron a redefinir sus estrategias de cara a las elecciones seccionales de 2027, luego de la suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana y Amigo. La incertidumbre sobre posibles nuevas sanciones ha llevado a partidos y movimientos a analizar con cautela sus alianzas y la inscripción de candidaturas.
Este fue el tema central del primer consejo consultivo convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que participaron representantes de varias organizaciones políticas como Unidad Popular, Partido Social Cristiano, Pachakutik, Izquierda Democrática, Avanza, Partido Socialista, Sociedad Patriótica, Futuro, Creo y PID. En contraste, Acción Democrática Nacional (ADN), SUMA, RETO y Centro Democrático no asistieron, mientras que Revolución Ciudadana y Amigo no fueron convocados debido a su suspensión.
Durante la reunión, varios delegados expresaron su preocupación por la posibilidad de que nuevas decisiones judiciales o administrativas afecten a partidos o candidatos en plena etapa electoral. Representantes de Creo, Pachakutik, Unidad Popular, Partido Socialista y otras organizaciones cuestionaron que el sistema de inscripción del CNE obligue a revelar anticipadamente las listas de candidatos, lo que, según indicaron, podría exponerlos a eventuales impugnaciones antes de que concluya el proceso.
Las agrupaciones también solicitaron al organismo electoral mayor flexibilidad en el sistema de inscripción, eliminando restricciones relacionadas con el orden de registro, continuidad de candidaturas y otros requisitos que consideran limitan su estrategia política. Además, pidieron garantías para que la plataforma informática funcione sin inconvenientes hasta el cierre del plazo de inscripción.
Por su parte, técnicos del CNE señalaron que la suspensión de Revolución Ciudadana y Amigo responde a resoluciones emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y aseguraron que, por ahora, el organismo no desarrolla nuevos procesos para cancelar la personería jurídica de otras organizaciones.
En el pleno del CNE también surgieron posiciones distintas. Mientras la consejera Elena Nájera cuestionó que el organismo deba acatar automáticamente las resoluciones del TCE y advirtió sobre posibles vulneraciones al principio de presunción de inocencia, el consejero Enrique Pita defendió que las decisiones del Tribunal son de cumplimiento obligatorio y no pueden ser desconocidas mediante una votación del Consejo.