La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Extradición, una normativa que busca reducir los tiempos para la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países y facilitar el retorno de quienes son solicitados por Ecuador.
La iniciativa recibió el respaldo de los 139 legisladores presentes, incluidos los bloques de ADN, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Pachakutik e independientes.
El proyecto, elaborado por la Comisión de Justicia presidida por ADN y presentado originalmente en 2025 por el entonces titular de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, plantea una actualización integral de una ley vigente desde hace más de dos décadas.
Desde el oficialismo se defendió la reforma como una adecuación al mandato de la consulta popular de 2024, en la que la mayoría de los ecuatorianos respaldó la extradición de personas procesadas por delitos, incluso cuando sean de nacionalidad ecuatoriana.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, destacó que la nueva normativa permitirá acelerar los trámites de extradición, señalando que algunos procesos que debían resolverse en dos años llegaron a extenderse hasta seis.
Durante el debate, el legislador de ADN Keeven Gallardo afirmó que la propuesta fue elaborada con aportes de expertos y aseguró que cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además, indicó que se mantiene la prohibición de extraditar a países donde no existan garantías para la vida o se registren prácticas de tortura.
Por su parte, la bancada de Revolución Ciudadana expresó que la reforma no resolverá por sí sola la crisis de inseguridad que vive el país. Aunque reconoció la necesidad de actualizar la legislación, cuestionó que la decisión final sobre una extradición recaiga en el Presidente de la República y advirtió sobre posibles riesgos de uso político de la norma.
Pese a esas observaciones, el correísmo anunció su respaldo al proyecto para evitar que se le atribuya responsabilidad por la situación de violencia en el país.
El debate también estuvo marcado por intercambios de acusaciones entre ADN y Revolución Ciudadana. Mientras el oficialismo recordó el caso del exasambleísta Ronnie Aleaga, prófugo de la justicia, desde el correísmo señalaron que esperan que la ley también permita extraditar a los responsables del caso Progen, una vez que se determinen responsabilidades. Un legislador de ADN respondió que espera que la norma también sirva para traer al país a «un fulano que está por Bélgica».