Yasunidos recauda más de USD 18.000 para pagar multa impuesta por el TCE

El colectivo ecologista Yasunidos informó que logró reunir más de USD 18.000 para cancelar la multa impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a dos de sus dirigentes, sancionados por supuestas irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña relacionada con la consulta popular sobre el bloque ITT del Yasuní.

A través de un comunicado difundido el 14 de mayo de 2026, la organización señaló que decidió asumir el pago para evitar lo que calificó como una “escalada de hostigamiento” en contra del colectivo y así continuar con sus actividades de defensa ambiental.

Pese a ello, Yasunidos insistió en que considera la sanción “injusta e inconstitucional” y anunció que presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para intentar revertir la decisión.

La agrupación explicó que los fondos fueron obtenidos mediante rifas solidarias, campañas de financiamiento colectivo, eventos denominados “fiestas por la vida” y aportes de organizaciones tanto nacionales como internacionales.

El TCE impuso una multa de USD 9.000 a cada uno de los dirigentes sancionados, luego de aceptar una apelación presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. Según Yasunidos, el proceso surgió por una diferencia contable de apenas USD 0,39 en los informes financieros de campaña.

Sin embargo, tanto el TCE como el CNE sostienen que la sanción no responde únicamente a esa diferencia económica. Las autoridades electorales señalaron que existieron varias inconsistencias en la rendición de cuentas, entre ellas la entrega tardía de reportes financieros, falta de documentación bancaria y tributaria, además de ausencia de respaldos sobre aportes de terceros.

De acuerdo con la sentencia, estas omisiones afectaron los principios de transparencia establecidos para los procesos electorales y de participación ciudadana. Inicialmente, el caso había sido desestimado por el tribunal, que consideró que una organización social no debía ser fiscalizada bajo los mismos criterios que un movimiento político.

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